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Cuando de pagar impuestos se trata, en Colombia aplica la ley del embudo. Y de cómo opera saben quienes gobiernan, los políticos y los empresarios. De ahí que hayan acudido a una y mil argucias para que, su declaración de renta ante la Dirección de Impuestos Nacionales—DIAN–, antes que tributar, lleve a que les deban devolver dinero.

Quedó probado que es la clase media baja la que, además de presentar declaración, sí tributa. Esos son los efectos de la reforma tributaria del 2019 que, este año, nuevamente arremeterá contra una amplia base de colombianos.

Lo contradictorio es la disminución de la carga impositiva a los empresarios bajo el pretexto de estimular la dinamización de la economía. Falacias de un gobierno que favorece sus intereses y los de quienes lo catapultaron al poder.

Desde el 2016 cuando el entonces ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, presentó la reforma tributaria, argumentó que se buscaba mayor equidad. Sin embargo, año tras año se corrobora que la realidad es bien distinta. Se cae en un retroceso que va en detrimento del bolsillo de quienes menos tienen.

LOS RICOS PAGAN POCO O NO PAGAN

La realidad de un país donde los ricos pagan poco o, definitivamente no pagan impuesto de renta, quedó evidenciada cuando se presentaron las declaraciones del presidente, Iván Duque Márquez, a quien deberán devolverle 8 millones de pesos; de la vicepresidenta, Martha Lucía Ramírez, quien no paga un peso como tampoco la ex ministra del Trabajo y hoy del Interior, Alicia Arango. El Estado deberá devolverle 680 mil pesos. Y el caso emblemático, sin duda, es el del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, gestor de las medidas tributarias para que los pobres paguen: él no cancela un solo peso por declaración de renta como tampoco la canciller, Claudia Blum y menos el expresidente y senador, Álvaro Uribe Vélez.

En todos los casos, el argumento es que pagaron retenciones en la fuente durante la vigencia inmediatamente anterior.

La inequidad es cada vez más latente entre los colombianos. Y proviene de un gobierno como el de Iván Duque quien, en campaña, se comprometió a no generar nuevas cargas impositivas pero—una vez en el poder—desconoció su compromiso populista.

VUELVEN Y JUEGAN LAS REFORMAS

Como argumento para restar fuerza a las movilizaciones que iniciaron el 21 de noviembre en Colombia, el presidente Duque y su entonces ministra del Trabajo, Alicia Arango, pretendieron deslegitimar a los manifestantes asegurando que no habrían reformas pensional y laboral.

Pero este año la impulsarán y para tener soporte a sus argumentaciones, están utilizando a la clase empresarial que no solo es afecta a sus pretensiones, sino la más favorecida con la disminución del peso en las tributaciones.

Desde la perspectiva de quienes mueven la economía colombiana, es necesario aumentar la edad de jubilación para hombres y mujeres, al tiempo que se debe promover una flexibilización laboral que alimentará la tercerización del empleo, que no ofrece ningún tipo de garantía a los trabajadores.

La doble moral que maneja la clase gobernante, que paga muy poco o sencillamente no paga renta, así como su apoyo a dos reformas que se avecinan–lesivas para la clase obrera–, explican por qué razón encuestas como la que desarrolló la Universidad del Rosario entre gente joven, evidencia la falta de credibilidad hacia la institucionalidad.

Con Iván Duque como capitán del barco, Colombia se dirige a la deriva…

 

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