Por: Horacio Duque.

El tema de la autonomía local y regional siempre será de actualidad y central en los asuntos colectivos y públicos de la nación. Es una controversia que viene desde 1810 y adquirió trascendencia con la Constitución federalista de 1863 aprobada en la Convención de Rio Negro (Antioquia) que determino la conformación de los 9 Estados federales de aquella época (Bolívar, Magdalena, Antioquia, Boyacá, Tolima, Cundinamarca, Cauca, Santander, Panamá). Aunque aquel fue un regionalismo atravesado por los intereses de los grandes terratenientes y caudillos militares que promovían el libre cambio y la dependencia colonial de Gran Bretaña y Francia y su autonomía para proteger sus poderes despóticos en los Estados.

El centralismo se impuso con la Constitución de 1886 y aún persiste hasta nuestros días no obstante la elección popular de alcaldes, los gobernadores y algunas políticas de descentralización administrativa y de desarrollo como la de los Corpes.

Colombia es un país diverso y plural en su conformación regional lo que exige atender y resolver los problemas de la autonomía y la democracia regional. La Constitución de 1991 incluyo algunas disposiciones en la materia, pero sus desarrollos han sido muy precarios.

Hace algunos años se aprobó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial del 2011 (Loot) y al amparo de la misma se han constituido las Regiones Administrativas y de Planificación (Rap) en la Costa Caribe, en Cali, en el Centro y en el Eje Cafetero.

 

Se trata de un esfuerzo incipiente que apenas da sus primeros pasos con grandes dificultades dada la inercia centralista.

En las recientes semana dicho esfuerzo se ha visto reforzado con la expedición de una Ley que crea la Región como entidad territorial (Ret)

Hay una oposición desde el Ministerio de Hacienda a dicha Ley, pero tal entidad debería superar las prevenciones y entender que las Ret son una muy buena oportunidad para resolver muchos problemas en las regiones colombiana como la minería ilegal, la deforestación, la contaminación y la sedimentación de los ríos, la destrucción de cuencas y de páramos, la urbanización sin control, etc.

Como dice González las preocupaciones del Ministerio de Hacienda se podrían resolver dando tres pasos: actualización de los catastros, cobro del predial de tal forma que la tarifa efectiva se acerque a la nominal y, finalmente, traslado de dos o tres puntos del mayor recaudo a los departamentos.

Hagamos un gran pacto por la descentralización y la regionalización.

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